Entre ellos hay algunos que detesto especialmente, empezando por el de hacer recaer las dificultades para salir de la crisis a la inmigración y el supuesto abuso en los servicios públicos garantizados por el estado.

Pues bien, ni lo uno ni lo otro. Para empezar, el colectivo de inmigrantes aporta mucho más a la economía de este país de lo que consume. Aunque son datos pendientes de una actualización, los inmigrantes en 2007 aportaban a la Seguridad Social más de 8,000 millones de euros , justamente la cantidad que por aquel entonces suponía el superávit en las cuentas españolas. Más datos: por cada español que cobra una pensión hay tres trabajadores en activo, mientras que por cada inmigrante pensionista encontramos a treinta que aportan sus cotizaciones a la caja única de la Seguridad Social.

Respecto al uso de los servicios, algunos medios poco sospechosos destacan diferentes estudios que desmienten que este colectivo utilice recursos como la sanidad pública por encima de la media española. Pero de todas maneras, no viene mal plantear algunas cifras. Así, “según la Sociedad Española de Medicina Sanitaria (semFYC), Las personas inmigradas van al médico la mitad que las autóctonas: representan el 10% de la población española, pero sólo el 5% de los pacientes. Pese a que muchas de ellas sólo pueden acudir a urgencias (porque no tienen tarjeta sanitaria), representan el 5% del servicio. Del gasto sanitario, sólo un 4,6% es atribuible a atención a personas inmigradas.”.

Otro de los mensajes habituales es el que hace recaer todos los males del país en la supuestamente excesiva representación electoral de las minorías nacionalistas merced a una ley electoral que mucha gente quiere cambiar, pero que seguramente nunca se ha molestado en analizar a fin de comprobar si lo afirmado es cierto.

La realidad de nuestra legislación es que el sistema que rige las elecciones beneficia de forma más que destacada a los dos partidos mayoritarios. Podríamos hacer una proyección a lo largo de todas las elecciones generales del actual periodo democrático y nos confirmaría esto último mismo, pero basta con detenernos tan solo en las de 2008 para comprobar que los únicos perjudicados realmente por el sistema de elección son dos partidos, IU y UpyD, que habrían obtenido resultados ostensiblemente mejores (sobre todo en el primer caso) con una ley electoral más proporcional que la actual. Mientras que entre los beneficiados sobre todo PSOE y PP, que obtuvieron un mayor número de escaños que el resultante de aplicar un sistema más proporcional. Respecto a los resultados de los partidos nacionalistas, poca o ninguna variación.

Son sólo algunas de las supuestas realidades que no toleran una mínima confrontación con los datos. Tras ellas un único objetivo: desmovilizar a la sociedad, apartarla de la política, desprestigiar a nuestros representantes e intentar conseguir que los ciudadanos no acudan a las urnas en las próximas elecciones.

Algo así debió sentir el presidente Zapatero tras pronunciar su discurso de la semana pasada en el Congreso. El discurso de un sentenciado a la muerte política, tal y como algunos artículos han reseñado acertadamente estos días.

Desde aquella comparecencia he estado pensando en la necesidad de los ajustes que anunció el presidente: la reducción del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación de algunos beneficios fiscales y sociales creados durante la anterior legislatura, los más de 6.000 millones de inversión pública….

Sin embargo, me he dado cuenta de que es realmente inútil hacerse esa pregunta, ya que provenga de donde provenga el ajuste, siempre existirán sectores de la sociedad que se sentirán atacados, instituciones internacionales que afirmarán que se podría haber hecho mucho más y antes, entidades financieras y organizaciones empresariales para los que nunca es suficiente, “lobbys” económicos que pondrán el grito en el cielo, y sobre todo, un partido en la oposición que es capaz de todo con tal de ganar las elecciones, incluso de convertirse de repente en la salvaguarda de las clases más desfavorecidas (Dolores de Cospedal dixit).

Hoy aparece un interesante artículo en Público en el que un grupo de economistas plantean diferentes fuentes para que ese ajuste económico no afecte al gasto social.  Proponen por ejemplo que se reduzca el gasto militar, que se retiren las tropas españolas de Afganistán, de Irak y de Somalia, y que se elimine el gasto en la compra de armamento (2.200 millones); que se aumenten los impuestos a las rentas más altas del país; que se reconsideren los fondos públicos destinados al rescate de las entidades financieras (6.750 millones); o que se elimine la casilla en la declaración de la renta en la que se beneficia a la iglesia católica (650 millones).

Y bien pensado, la verdad, no me resulta difícil darles la razón. Pero inmediatamente caigo en lo que pasaría si todo eso que proponen se llevara a cabo. ¿Qué ocurriría si de repente se corta el grifo al ejército, a la iglesia y a las entidades financieras? ¿Cómo reaccionarían nuestros “socios” en Irak y Afganistán? ¿Qué clase de cataclismo anunciaría Rouco y sus secuaces en el caso de dejar de financiar a la iglesia y convertirnos, por fin, de una vez por todas, en un verdadero estado láico? ¿Qué dirián en el FMI, el Banco Mundial y en la Unión Europea si el estado español abandonase a su suerte a bancos y entidades financieras en general?

Y por último, ¿cómo reaccionaria el PP?

Lo único cierto es que nos encontramos en una situación tremendamente complicada en la que cualquier decisión es igual de mala que su alternativa. Una situación en la que uno se da cuenta de que hay escenarios en los que es imposible acertar; en los que es necesario sacrificarse y asumir todos los golpes; en los que es fácil percibir que gobernar para todos es imposible…..

Pensaba en ello al tener noticia de los devastadores efectos del terremoto en Haití, uno de los estados fijos en esta lista que se publica desde 2005, y en la que aparece habitualmente acompañado de otros países como Somalia, Zimbabwe, Sudán, Chad o la República Democrática del Congo, todos ellos con convulsiones internas permanentes desde su fundación tras la descolonización, acompañados por otros como Iraq o Afganistán, en los que la intervención de Estados Unidos ha provocado la desaparición de cualquier instrumento de control sobre esos territorios.

Pero lo que me parecía más terrible es la conclusión a la que llegaba después de analizar (quizás demasiado frivolamente, puede ser) el futuro de todos esos países que encabezan la lista, y es que no solo son estados fallidos, sino que parecen estar condenados a ser “estados inviables”, es decir, estados en los que nunca, por determinadas razones, van a existir las condiciones necesarias para dar fin a la complicada situación en la que se encuentran.

Una vez más pensaba en Haití para llegar a esa conclusión: un país compuesto por diez millones de habitantes que curiosamente es el segundo más antiguo de toda América, por detrás tan solo de Estados Unidos, pero que a lo largo de sus más de dos siglos de existencia se ha mostrado incapaz de salir adelante, de forma que su población parece predestinada a vivir en la más absoluta miseria o a escapar hacia otros países.

Haití sufrió la ocupación norteamericana desde 1915 a 1934 a consecuencia de su inestabilidad; ha tenido diez cambios de gobierno en los últimos 20 años; ha experimentado dictaduras, golpes de estado, revoluciones y continuas convulsiones durante todo el siglo XX; ocupa el lugar 148, uno de los últimos, en el índice de desarrollo humano que elabora anualmente la ONU; la mayor parte de su población activa se dedica a la agricultura, pero el territorio está prácticamente esquilmado a consecuencia de la deforestación; y por si fuera poco carece de otros recursos naturales y hasta de agua potable suficiente para abastecer con holgura a su población. Para mayor “inri” el 80% de los ciudadanos que han alcanzado un nivel educativo elevado ha emigrado, por lo que existe una auténtica ausencia de profesionales que se puedan encargar de sacar adelante el país.

A todo ello se le unen unas condiciones geográficas imposibles: en el centro de la zona de influencia de los huracanes que año tras año devastan diversas zonas del Atlántico, y justo en el borde superior  de la placa tectónica del Caribe, lo que equivale a estar en permanente riesgo de sufrir un terremoto como el que anteayer sacudió la isla provocando la destrucción de Puerto Príncipe y la muerte de decenas de miles de personas.

Es por ello que resulta complicado pensar que países como Haití, como Somalia o Afganistán, con situaciones políticas muy complejas, pero ubicados además en entornos geográficos realmente difíciles, puedan dejar de encabezar, año tras año, esa lista maldita de estados fallidos.

Nada que decir, excepto que en algunas comunidades autónomas, incluyendo algunas gobernadas por el PSOE, ya se está experimentando con éxito desde hace bastantes años con sistemas operativos y aplicaciones basadas en Linux, con un coste infinitamente inferior, cuando no nulo directamente.

Puede que 8 euros por licencia, comparado con los 120 euros que cuesta un Windows 7 en las tiendas, o los increibles 199 euros de Microsot Office puedan parecer poco dinero, pero si lo multiplicamos por los cientos de miles de ordenadores que supuestamente van a ser empleados en permitir el acceso de todos los escolares a la educación 2.0, la cuentas empiezan a resultar un poco más llamativas. Por no hablar de la cantidad de dinero, horas de mantenimiento y molestias que van a generar todos esos equipos una vez que comiencen a ponerse en marcha con sus flamantes Windows instalados.

Desgraciadamente, esa involución no ha ido aparejada con una pérdida de peso e influencia entre el sector de dirigentes del PSOE, que inexplicablemente han permitido que la agenda cultural siga siendo dictada por personas que no están dispuestas a aceptar que los años 80 ya quedaron muy atrás, y que hoy en día las manifestaciones y el propio negocio de la cultura han experimentado un cambio irrefrenable que ninguna legislación detendrá.

Por todo ello, y con la esperanza de que de una vez por todas alguien en el PSOE se dé cuenta de que es necesario un giro en este aspecto de la política cultural, un grupo de blogueros, periodistas, y sobre todo, ciudadanos, que además representan a millones de lectores diarios, han elaborado este manifiesto  “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”, al que con gusto me sumo……

“1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.”

La letra, aquí.

Si los medios afines al PSOE, esos mismos que son siempre citados por los miembros del PP para demostrar la maldad del reino mediático socialista, andan encargando reportajes y poniendo la grabadora antes las voces anónimas de supuestos dirigentes críticos con la organización, es que algo va muy mal.

Pensaba en ello este fin de semana, cuando veía la forma en la que los mensajes elaborados puntualmente por los responsables de comunicación del PP se convierten en mantras convenientemente recitados por todos los tertulianos esparcidos en radios y televisiones; esas mismas radios y televisiones a las que se acusa de ser enclaves mediáticos del gobierno, pero en las que sin embargo siempre se escucha la voz discordante de la derecha de este país.

Esas mismas voces y esos mismo mantras se escuchan igualmente en las cadenas que se autoproclaman independientes, aquellas  en las que su independencia se limita a no dar voz a los representantes de más 10 millones de españoles que votamos a este gobierno.

Pensaba en eso y en la forma en que el PP organiza la agenda de este país. La agenda de todos los medios de comunicación  y por consiguiente de todos los españoles. Si ahora hay que hablar de la Internacional y de los socialistas con el puño en alto, hablemos de ello; si toca linchar a Leire Pajín, linchemos a Leire Pajín; si toca hablar de que el PSOE ha roto el pacto antitransfuguismo, mintamos sobre Benidorm…

Muchos hablan de la degeneración de la política y para explicarlo cargan sus comentarios sobre el PSOE y el PP haciéndoles responsables a partes iguales, algo que me parece profundamente injusto. Nadie explica que los más interesados en desmotivar a la ciudadanía son los mismos dirigentes del PP que lanzan los mensajes. Ningún medio se dedica a analizar tampoco la forma de hacer oposición de unos y otros. Nadie recuerda la salvaje presión ejercida a comienzos de los 90 para terminar con Felipe González, la forma en que aquel grupo de periodistas renunció a su ética profesional para mentir y terminar a toda costa con el gobierno socialista de entonces. Tampoco hay voces que recuerden que durante los años de José maría Aznar como presidente se suavizó la tensión entre los partidos gracias sobre todo a una forma de oposición mucho más responsable, o que este periodo terminó de forma abrupta precisamente porque el PP, esta vez desde el gobierno, volvió a mentir y a deformar la realidad con el fin de no perder las elecciones.

Nadie parece darse cuenta de que volvemos a estar otra vez igual, con la demagogia y la calumnia por bandera, otra vez organizándonos la agenda…..