La cuestión religiosa

Ignacio Sotelo escribía este domingo en El País acerca de lo que él denomina “cuestión religiosa“, y planteaba los múltiples frentes en los que batalla la Iglesia española en ámbitos tan diferentes como la educación, los derechos de los ciudadanos o los debates acerca de la memoria histórica.

Ya he señalado últimamente la paradoja de que un estado laico como el español esté constantemente cuestionado en su funcionamiento por la jerarquía eclesiástica, mucho más cuando es precisamente el Estado el que contribuye generosamente a su sostenimiento económico merced a los acuerdos entre España y el Vaticano de 1979.

De todas estas cuestiones me resulta especialmente sangrante la que hace referencia a la educación, quizás por ser la de mayor actualidad ante la puesta en marcha de la asignatura de “Educación para la ciudadanía”.

Y es que en estos días previos al comienzo de curso han arreciado las barbaridades que ya de forma habitual suelen salir de entre los responsables eclesiásticos, diciendo cosas increíbles, como que la Educación para la Ciudadanía “debería llamarse ateísmo científico recordando las cátedras de adoctrinamiento marxista en la extinta Unión Soviética“. Sin comentarios.

Sotelo continuaba su artículo cuestionando el modelo educativo español, en el que sigue existiendo la enseñanza concertada, sufragada por el Estado (y por tanto, por todos los ciudadanos), pero que mantiene un funcionamiento semiprivado. La realidad es que la pervivencia de la concertada ha configurado un sistema educativo clasista que rechaza de forma sistemática a los hijos de las clases menos acomodadas (y mucho más si estos son inmigrantes). En este sentido, no hace falta más que consultar las cifras de gasto de la vuelta al colegio en función del centro al que se asista: mientras que la media de gasto para un centro público es de 384 euros, los padres de los alumnos de los centros concertados desembolsarán 1.338 euros, algo totalmente ilógico si tenemos en cuenta que cuentan con la subvención de los departamentos de educación de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los centros concertados (la mayoría propiedad de la iglesia católica) crean barreras económicas (transporte, comedor, materiales, uniformes….) que impiden a aquellos con menos recursos tener la posibilidad de matricular a sus hijos, y de esta forma están abocados a asistir a los centros de titularidad pública, que concentran de forma irremisible a todo el alumnado con dificultades, provocando la “guetización” de los mismos.

No sé si es descabellado proponer una solución definitiva para este problema. La eliminación de los conciertos parece ser un tema tabú, sobre todo por las dificultades técnicas que entrañaría tal medida. Pero no lo parece tanto el que se proponga una gestión mucho más transparente de estos centros: que el profesorado cuente con las mismas condiciones laborales que el de la enseñanza pública (y que por lo tanto pase también las mismas pruebas de acceso); y sobre todo que la admisión esté realmente abierta para todos los ciudadanos. Que estos centros dejen de ser dirigidos de forma oscurantista: si están sufragados por erario público, que sea también el Estado el que los gestione.

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