Es hora de reformar la financiación de los partidos

La necesidad de controlar los ingresos y gastos en la administración pública a causa de la actual crisis económica ha permitido sacar a la luz comportamientos y prácticas poco transparentes, cuando no directamente corruptas, en el método de financiación de los partidos políticos en España.

Este es el momento ideal para plantear un nuevo modelo de financiación que se ajuste no sólo a la realidad económica del país sino, igualmente, a la nueva sociedad en la que vivimos, tan diferente y alejada de aquella otra de los años 70 y 80 que inspiró el modelo actual.

En aquella época, con la democracia recién conquistada, con una sociedad muy politizada y ávida de organizaciones en las que participar, y sobre todo con unos partidos hasta ese momento inexistentes, hubo que poner en marcha un sistema de financiación que permitiese crear organizaciones potentes que fueran capaces de liderar el proceso de transición a la democracia; un sistema que carecía de mecanismos de control y que hoy en día se ha quedado profundamente obsoleto.

La consecuencia de todo aquello son los casos de corrupción que actualmente están en las portadas de los diarios, así como una percepción generalizada de que todos los partidos albergan y toleran la corrupción y de que todos los políticos son corruptos.

Cualquiera que conozca un poquito el funcionamiento de los partidos sabe que esa percepción no corresponde con la realidad, y que la mayor parte de los que se dedican a la política lo hacen de forma honorable y sin lucrarse personalmente.

Todo ello hace obligada una revisión del sistema de financiación de las organizaciones políticas, pero también, y de forma más perentoria, una revisión profunda de la forma en que estas se estructuran, así como sus métodos de trabajo, además de otras cuestiones como el coste de las campañas electorales o la financiación de las fundaciones que “cuelgan” de ellas.

Por un lado sería necesario que dentro de los partidos se hiciera un ejercicio de autocrítica respecto a cómo se ha disparado el gasto en los mismos. Asistir a los increíbles dispendios que se realizan durante las campañas electorales, y más en momentos de crisis como el actual, resulta indignante: escenarios con aspecto de plató de programa en “prime time”, y que se encargan por partida doble para ser capaces de montar actos electorales en diferentes ciudades al mismo tiempo; costosísimos envíos por correo ordinario de propaganda electoral que en su mayor parte termina en los cubos de basura; carteles y vallas electorales repartidos por doquier con el careto de los candidatos que permanecen meses y meses después de las elecciones colgando de farolas y demás mobiliario urbano; encuestas preelectorales convenientemente cocinadas que no sirven más que para poner en duda el trabajo de los demóscopos; anuncios en prensa de papel (¡WTF!) en los que nadie repara ya; honorarios de asesores de imagen y empresas publicitarias que vacían de contenido a los partidos y que terminan por dejar toda la estrategia política a la elección del color de la corbata o a si nuestro candidato debe dirigirse al presentador o a la cámara…. Gastos infinitos que han terminado por convertir la política en un circo en el que lo de menos es el mensaje; en el que los programas electorales los redacta un grupete de profesores universitarios a los que se les encarga un documento que es olvidado tras la rueda de prensa en la que se presenta; una inmensa burbuja en la que todo brilla por fuera pero carece de contenido por dentro….

Por todo ello, y a modo de ejemplo, algunas propuestas para cambiar las cosas (se admiten ideas):

-Proponer una limitación de los ingresos y gastos de los partidos en función de sus resultados electorales.

-Crear un grupo de expertos auditores independientes que se encarguen (tanto en el ámbito nacional como en el autonómico) de fiscalizar las cuentas de las organizaciones políticas.

-Eliminar (o limitar) las aportaciones de empresas y grupos de interés, y limitar las cantidades en las aportaciones privadas, que en ningún caso deberían ser anónimas.

-Publicar anualmente la nómina de empresas y corporaciones que aporten fondos a los partidos, así como las cantidades ingresadas.

-Prohibir que las empresas que donen dinero a los partidos puedan presentarse a concursos públicos (esto ya existe) e inhabilitar a aquellas que lo incumplan.

-Eliminar (o reducir ostensiblemente) la financiación pública para las fundaciones de los partidos políticos.

-Limitar el gasto en campañas electorales en función del número de circunscripciones en las que concurra cada partido.

-Establecer que un porcentaje (un 1 o un 2%) del sueldo de los cargos políticos remunerados (diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros, etc…) sea acumulado en un fondo común y entregado proporcionalmente a los partidos para financiar su actividad.

-Reducir a una semana las campañas en procesos electorales autonómicos y municipales.

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