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Honoré Daumier, el gran ilustrador del París postrevolucionario, representaba a la Francia de la revolución de 1848 como la madre que no solo amamanta a sus hijos, sino también como la responsable de su instrucción y educación más básica.

Esa alegoría de la República se ha convertido en una de las mejores y más rotundas formas de representar el espíritu del estado protector que proporciona a los ciudadanos sus necesidades más primordiales a fin de asegurar su bienestar y la posibilidad de formar parte del cuerpo social.

Algo tan moderno y transgresor a mediados del siglo XIX, ha formado parte del ADN de la izquierda desde entonces y hasta la actualidad, con un éxito especialmente reseñable en el caso de los países europeos donde, desde el final de la II guerra mundial, no se puede entender un modelo de sociedad en el que el Estado no trate de limar algunas de las diferencias con las que todos partimos al nacer.

El paradigma del estado de bienestar tiene como primera premisa esa desigualdad que hace que no todos tengamos las mismas oportunidades para desenvolvernos en función del estrato social en el que nacemos, por lo que es el propio sistema el que se encarga de aportar los recursos necesarios para proporcionar su asistencia en tres aspectos fundamentales: la educación, la sanidad y la cobertura económica básica una vez alcanzada la edad de jubilación.

El acuerdo social ante esto último era tan amplio que durante las décadas de los 50 y 60 tanto gobiernos conservadores como socialdemócratas coincidieron en su desarrollo, lo que por otro lado permitió alcanzar durante ese periodo el mayor progreso en materia de bienestar de toda la historia de la humanidad.

A partir, sin embargo, de fines la década de los 70 y comienzo de la de los 80, primero con la entrada en el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y Ronald Reagan en Estados Unidos después, se produjo una inversión en el consenso respecto a la gestión de la política económica, lo que favoreció el cuestionamiento de la intervención del estado y la defensa del mercado libre como planteamiento ideológico encaminado a la eficacia y la mejora del rendimiento económico.

Esa teoría, en la práctica suponía que la iniciativa pública tenía que dar paso a la privada en todos los sectores de la economía, en la creencia de que eso redundaría en una mejora de la gestión y en una mejor atención a los usuarios/consumidores de esos servicios. Tony Judt lo explica, lo analiza y documenta perfectamente en “Algo va mal”.

La realidad, como recientemente han demostrado Jacob S Hacker y Paul Pierson en “Winner-take-all Politics”, es que ese periodo es el germen de un proceso imparable en todos los aspectos de la sociedad y la economía que ha provocado una creciente desigualdad, lo que explica buena parte de los males que nos aquejan debido a la actual crisis, agravada por la ausencia de un “colchón“ que amortigüe el impacto del desempleo y la deuda acumuladas durante los años de bonanza.

Los datos en Estados Unidos son demoledores: durante la última generación la mayor parte del crecimiento ha engordado los bolsillos de los más ricos, de forma que entre 1979 y 2008 el 1% de las personas con mayores ingresos percibieron el 36% de toda las rentas. Esa misma cifra aumenta hasta el 53% si sólo consideramos los datos de 2001 a 2006. Y si nos quedamos con tan sólo el 0’1% de las mayores ingresos, comprobaremos que en ese periodo de 1979 a 2005 acumularon el 20% de toda la riqueza generada.

Esas diferencias no tienen precedente en la historia de Estados Unidos, son exclusivas del periodo que se inicia a finales de los 70 y tienen un máximo, como hemos visto, en la primera decada del siglo XXI.

Mientras tanto en Europa se ha recorrido un itinerario que ha combinado la permanencia de las principales ventajas del estado de bienestar con el progresivo paso a una economía cada vez más desregulada y el crecimiento imparable de las formas de capitalismo financiero por encima de las actividades productivas.

La crisis que comenzó en 2008 ha tenido desde entonces diferentes momentos álgidos en los que hemos pasado de la necesidad de reformar el capitalismo, a la extrema austeridad como recurso para reflotar las economías de los países que habían tenido previamente que gastar, salvo honrosas excepciones, ingentes recursos en rescatar los mastodónticos agujeros de buena parte de las instituciones bancarias de Estados Unidos y el viejo continente. Y cuando eso no ha sido suficiente se han hecho realidad los sueños húmedos de los neocon más intransigentes mediante el recurso a la austeridad, eufemismo para la destrucción de las prestaciones sociales más básicas -la educación y la sanidad- y su entrega a manos de la iniciativa privada con la excusa de reducir los supuestamente excesivos costes para el estado y volver a la senda del crecimiento

Pero ¿qué encubre todo esto? Para Josep Ramoneda es un cambio en las reglas del juego, la adaptación a los “nuevos tiempos”, el triunfo del capitalismo desregulado, la imposición de una ideología hegemónica basada en defender los intereses de los que más tienen con la excusa de que son los que crean la riqueza, lo que explica a su vez la reducción de los impuestos y el debilitamiento de los servicios sociales.

Ante todos estos acontecimientos la izquierda ha fracasado sistemáticamente: la Tercera Vía, que durante algunos años fue el horizonte de los partidos progresistas en toda Europa, ha demostrado que su armazón ideológico no era capaz de soportar las embestidas y los retos que la crisis ha planteado. Gran Bretaña y España, que fueron los estados en los que se concretaron de una manera más clara los postulados de Giddens y compañía, han comenzado a experimentar profundos descensos en la calidad de vida de sus ciudadanos en forma de desempleo y pérdida de servicios sociales, y como resultado de todo ello el debate sobre qué debe hacer la izquierda en pleno siglo XXI es objeto de profundas y variadas reflexiones.

Dejaremos para próximas entradas algunas de las ideas que se están defendiendo, aunque vaya por delante que todo lo que no pase por un cambio radical en cuanto a postulados, ideas y formas de relacionarse con la ciudadanía, incluyendo una total transparencia, difícilmente se traducirá en la restauración de la confianza en los partidos progresistas y sus representantes.